Fuente de Derecho

Reseñamos a cotinuación la resolución de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que con fecha del 1 de julio de 2025, en el marco del recurso de casación interpuesto por la defensa de Jaime Lamont Smart y Juan Humberto Keller contra el pronunciamiento del del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, que el 22 de febrero de 2024, había condenado a ambos a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio perpetrado en Argentina entre 1976 y 1983.

Caso “Mazzeo, Julio Lilo y otros s/ rec. de casación e inconstitucionalidad” (CSJN, 13 de julio de 2007)

1. Antecedentes del Caso y Objeto Principal de la Controversia

El caso se inicia por una presentación conjunta de Sara de Castiñeiras, Iris Pereyra de Avellaneda, Floreal Avellaneda, Juan Manuel Castiñeiras, Ana María Astudillo y Alicia Palmero (en representación de la Liga Argentina por los Derechos Humanos). Los querellantes solicitaron la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 1002/89, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional indultó, entre otros, a Santiago Omar Riveros por hechos imputados en la causa 85 de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín (privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidios, etc.).

Fecha de la Sentencia: 24 de febrero de 2011 Tribunal: Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)

1. Introducción al Caso y Partes Involucradas

El caso Gelman Vs. Uruguay se centra en la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, su esposo Marcelo Ariel Gelman Schubaroff (hijo de Juan Gelman), y la subsiguiente sustracción y supresión de identidad de su hija, María Macarena Gelman García Iruretagoyena, nacida en cautiverio. Los hechos se enmarcan en la dictadura militar uruguaya (1973-1985) y la Operación Cóndor.

Fecha: 16 de noviembre de 2009

Órgano Emisor: Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)

Jueces: Cecilia Medina Quiroga (Presidenta), Diego García-Sayán (Vicepresidente), Manuel E. Ventura Robles, Margarette May Macaulay, Rhadys Abreu Blondet, Rosa María Álvarez González (Jueza ad hoc).

Resumen Ejecutivo:

La Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México aborda la desaparición y asesinato de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron hallados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el 6 de noviembre de 2001. El caso destaca la “falta de medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales eran menores de edad; la falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas; la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición […]; la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos […], así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada.” (Párr. 2).

Este informe se centra en la Sentencia de Interpretación emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 30 de noviembre de 2007, en relación con la Sentencia sobre el fondo, reparaciones y costas del caso La Cantuta vs. Perú del 29 de noviembre de 2006. El objetivo principal de la demanda de interpretación, presentada por los representantes de los familiares de las víctimas, fue aclarar varios puntos relacionados con la identificación de los beneficiarios de las reparaciones.

Fecha de la Sentencia: 17 de junio de 2005 Tribunal: Corte Interamericana de Derechos Humanos

Resumen Ejecutivo

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictaminó que el Estado de Paraguay violó múltiples derechos de la Comunidad indígena Yakye Axa del Pueblo Enxet-Lengua y sus miembros. Las violaciones incluyen el derecho a garantías judiciales, protección judicial, propiedad comunal y el derecho a la vida, en relación con las obligaciones de respetar los derechos y adoptar disposiciones de derecho interno. El caso se centró en la prolongada e ineficaz tramitación de la solicitud de reivindicación territorial ancestral de la comunidad, lo que resultó en condiciones de vida extremas, amenazas y la pérdida de la identidad cultural y la vida digna de sus miembros. La Corte ordenó diversas reparaciones, incluyendo la restitución de tierras, suministro de servicios básicos y adecuación de la legislación interna.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas)

I. Introducción al Caso y Partes Involucradas

El caso se originó a partir de una demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado de Chile el 8 de julio de 2005. La demanda se basó en la denuncia No. 12.108, recibida el 17 de diciembre de 1998.

Fecha: 15 de septiembre de 2005

Tribunal: Corte Interamericana de Derechos Humanos

Partes: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (demandante) vs. Estado de Colombia (demandado)

Jueces: Sergio García Ramírez (Presidente), Alirio Abreu Burelli (Vicepresidente), Oliver Jackman, Antônio A. Cançado Trindade, Manuel E. Ventura Robles, y Gustavo Zafra Roldán (Juez ad hoc).

Resumen Ejecutivo

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la “Masacre de Mapiripán” contra Colombia es un hito importante en la justicia internacional de derechos humanos. La Corte encontró al Estado colombiano responsable por la violación de múltiples derechos de las víctimas y sus familiares, derivados de la masacre perpetrada por grupos paramilitares con la colaboración y aquiescencia de agentes estatales entre el 15 y 20 de julio de 1997. La sentencia aborda la responsabilidad estatal por acción y omisión, la impunidad, el desplazamiento forzado y el impacto devastador en los niños, estableciendo medidas de reparación integral y enfatizando el primado del Derecho sobre la fuerza.

Caso “Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad, etc.”( CSJN del el 14 de junio de 2005)

Síntesis:

La CSJN declara la inconstitucionalidad de las leyes de “Punto Final” (Ley 23.492) y “Obediencia Debida” (Ley 23.521), dando lugar así a la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983).

I. Hechos y Antecedentes del Caso

El caso se inicia con la querella de Buscarita Imperi Roa por el secuestro de su hijo, nuera y nieta Claudia Victoria Poblete en noviembre de 1978 por las “fuerzas conjuntas”. La investigación judicial determinó que Claudia Victoria Poblete había sido inscripta con un nombre falso como hija de un militar retirado, Ceferino Landa, y su esposa. Julio Héctor Simón, alias “Turco Julián”, miembro de la Policía Federal Argentina e integrante de un grupo de tareas, fue identificado como uno de los responsables del secuestro y la operación que culminó en la entrega de la menor.

Fecha: 14 de marzo de 2001

I. Introducción y Contexto del Caso

El caso Barrios Altos se refiere a una masacre ocurrida el 3 de noviembre de 1991 en Lima, Perú, donde 15 personas fueron ejecutadas y 4 resultaron gravemente heridas por un “escuadrón de eliminación” conocido como “Grupo Colina”, integrado por miembros del Ejército peruano que actuaban en un programa antisubversivo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 8 de junio de 2000, alegando violaciones de múltiples artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte del Estado peruano, particularmente a raíz de la promulgación y aplicación de las leyes de amnistía N° 26479 y N° 26492.